9/12/2011

IMPUNIDAD CULPABLE

René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente

En semanas recientes han sufrido un intenso hostigamiento y represión las valerosas Damas de Blanco orientales, que han intentado acudir a oír misa en lugares señalados de la provincia de Santiago de Cuba, en particular la Basílica Santuario de El Cobre y la catedral metropolitana.

En ese territorio la represión ha adquirido formas especialmente virulentas, pues a los golpes e insultos usuales se ha sumado la procacidad más vulgar, manifestada en gestos y manifestaciones groseras de explícito carácter sexual. Esos sucesos han tenido lugar en localidades diversas, tales como Palma Soriano, Palmarito de Cauto y la misma ciudad de Santiago.

Es de sobra conocido que, para llevar a cabo ese tipo de represión, el régimen totalitario creó las llamadas brigadas de respuesta rápida, institución que ofrece la indudable ventaja de enmascarar el carácter oficial de la represión. Esto se ha puesto de manifiesto en los medios masivos de difusión, que con demasiada frecuencia aluden a la supuesta “indignación popular”.

Sin embargo, se sabe que esa fachada no es más que una patraña más del régimen. En 1980, los cubanos que aspiraban a marcharse del país por El Mariel fueron víctimas de “actos de repudio”. Pero en 1994, nadie increpó ni vejó a los lancheros. ¿Dónde se había metido entonces “el pueblo enardecido”!

Algo similar se puede decir de la represión desatada el pasado domingo 4 contra varios disidentes congregados en casa del miembro del Grupo de los 75 Iván Hernández Carrillo, en la villa matancera de Colón. A diferencia de otros casos recientes parecidos, ningún lugareño se solidarizó con los agentes represivos ni atacó a los opositores.

Se imponen las preguntas: ¿Qué sucedió? ¿Es que los colombinos u otros ciudadanos que han omitido salir en defensa del régimen en otros sucedidos análogos son menos pro gobiernistas que otros compatriotas suyos?

Por supuesto que no. La respuesta hay que buscarla no en el mayor o menor fervor de unos y otros. La clave está en comprender que, cuando ha habido actos de repudio, éstos responden a consignas lanzadas desde las altas esferas, y que sus autores no son más que pequeñas ruedas en la maquinaria infernal del totalitarismo.

En la novela El Padrino, Don Vito Corleone afirma que el menor percance sufrido por uno de los suyos, aunque pareciera accidental, se lo atribuiría a sus enemigos. De manera análoga, en Cuba lo razonable es pensar que cualquier acción susceptible de originar una consecuencia adversa para el régimen tiene que haber sido dispuesta o autorizada desde lo alto. En caso contrario, los corchetes encargados de la represión no tendrían pantalones para ordenarla.

Pero he aquí que se supo la respuesta dada por las autoridades comunistas a la alta jerarquía de la Iglesia Católica Cubana, que se interesó en los más recientes actos de repudio. Los portavoces del régimen afirmaron que “desde ningún centro de decisión nacional se ha dado la orden de agredir a estas personas”.

Al respecto, la dirigente de las Damas de Blanco Berta Soler calificó ese planteamiento como una “gran mentira”. Por su parte, el prominente defensor de los derechos humanos Elizardo Sánchez declaró su convencimiento de que esa represión había sido “ordenada o aprobada por el general Raúl Castro en persona”.

Pero admitamos, gratia arguendi, que lo expresado a los dignatarios eclesiásticos es cierto. Entonces se impone una pregunta: ¿Esos bochornosos hechos no son constitutivos de los posibles delitos de lesiones, desórdenes públicos, difamación, amenazas, coacción, daños, escándalo público y abusos lascivos, entre otros?

El martes 23 de agosto pasado, en representación virtual de la docena y media de juristas con que cuenta la Corriente Agramontista, presenté sendas denuncias formales de esos hechos delictivos al Presidente del Tribunal Supremo, la Ministra de Justicia y el Fiscal General de la República.

Por consiguiente, los altos funcionarios cubanos en el terreno del derecho no pueden alegar ignorancia. ¿Harán algo al respecto? ¿O seguirá habiendo una impunidad culpable?

La Habana, 7 de septiembre de 2011

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