6/22/2011

FINGIENDO LEGALIDAD

René Gómez Manzano
Abogado y periodista independiente


Meses atrás, un popular diario de Miami, refiriéndose a un escrito promocional de un jurista no gubernamental, manifestó que, supuestamente, era “la primera ocasión” en que en Cuba se admitía una demanda contra un ministro. Esa afirmación demuestra ignorancia, pues en realidad eso se ve a diario en cualquier sala de lo administrativo.

El martes 14, el periódico, aludiendo al mismo caso, afirmó: “Un grupo de abogados independientes ha ganado el primer paso para inscribir” su organización. El rotativo señala que finalmente fue emitido el documento básico para solicitar la inscripción de la entidad. Según la Ley, éste es un certificado doblemente negativo acreditando que no existe ninguna otra asociación de nombre análogo o de fines similares a la que el solicitante desea constituir.

La obtención de ese escrito es merecida, tomando en cuenta los enormes esfuerzos desplegados por el perseverante jurista con ese objetivo. Baste señalar que el persistente colega presentó dos demandas administrativas que llegaron hasta la fase de casación antes de ser rechazadas definitivamente. Un trabajo de meses.

En la primera oportunidad, el Tribunal Supremo repulsó la promoción por haber sido presentada en nombre de una entidad inexistente. En la segunda, dicha corte argumentó, entre otras cosas, que el recurso de alzada debió haberlo presentado en su momento a la Ministro de Justicia (autoridad competente para conocerlo) y no a una oficina provincial.

Después de tanto esfuerzo, los burócratas se dignaron —¡por fin!— entregar la certificación solicitada. Debo decir que es un verdadero descaro que durante años esos documentos sean negados a los solicitantes. Porque hay que aclarar que el caso de ese abogado no es único.

En Cuba, cientos de otros ciudadanos deseosos de constituir organizaciones independientes han sufrido ese mismo silencio de las autoridades, también durante años, sólo que no han demostrado el optimismo a toda prueba del mencionado colega.

Pero, en definitiva, ¿qué dice el documento cuya expedición constituyó noticia? Él no tiene el carácter doblemente negativo que, según vimos, exige la Ley, pues afirma que no aparece ninguna otra asociación inscrita con el mismo nombre, pero precisa que existen otras dos que, supuestamente, tienen los mismos objetivos de la que ahora aspira a crear el perseverante jurisconsulto.

Por supuesto que eso es mentira: jamás organizaciones plegadas al régimen como la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, creadas para apuntalar el monstruoso sistema imperante, podrán tener iguales fines que una entidad independiente cualquiera. Pero no estamos hablando de la realidad, sino de la arbitraria interpretación que las autoridades hacen de esa misma realidad.

La gentileza extrema con que fue atendido el tenaz jurisconsulto (que él aplaude y desea “a cuanto cubano acude a ese ministerio”) parece indicar que la interpretación oficial es la que me temo. Dadas las características de este régimen, esa inusitada amabilidad me recuerda el “beso de la muerte” que los mafiosos estampan en aquellos que marcan para ser asesinados.

Por suerte, el receptor de la certificación parece haber encontrado sagazmente la vía para obviar ese aparente valladar haciendo uso de su depurada técnica jurídica. Eso es lo que indica el gozo extremo que manifestó ante veintenas de otros disidentes y diplomáticos congregados la noche del mismo martes 14 en una residencia habanera.

En el mismo sentido apunta lo declarado por él al periódico miamense: “Agregó que se encuentra trabajando actualmente en el siguiente paso: la solicitud de que la AJC sea oficialmente reconocida como la primera organización independiente y verdaderamente no gubernamental de Cuba”.

Aguardemos expectantes los resultados de sus próximas gestiones y deseémosles éxito a él y a su señora esposa, pero sin excluir la posibilidad de que el resultado les sea adverso. En definitiva, el de Cuba es un régimen protervo, que sólo finge legalidad.

La Habana, 16 de junio de 2011.







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