5/24/2011

Respuesta del gobierno a un conflicto en la sociedad civil

Caso: Yurleany Tamayo Martínez

Memoria descriptiva: Con fecha 9 de mayo de 2011, un grupo de analistas independientes dirigió una carta a la Junta Nacional de Bufetes Colectivos, para hacer saber que los servicios contratados con la abogada Vivian Canellada Fernández, no se cumplieron y que ésta cobró 500 pesos en moneda nacional, en su casa, cuando debió haber hecho un contrato en el Bufete Colectivo de Santos Suárez, donde labora por 265 pesos m.n. (Si usted quiere tener detalles de esta situación puede dirigirse al blog: marthabeatrizinfo.blogspot.com o redcubanaccblogspot.com)

Yurleany Tamayo Martínez fue citada junto con su mamá, para asistir a la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, en el Vedado, municipio Plaza de la Revolución, el pasado 16 de mayo de 2011.

Allí fue atendida por ejecutivos de esta instancia provincial los que procedieron a hacerle preguntas sobre el particular y otras cuestiones no relacionadas con el asunto que les incumbía.

La conversación se tornó tensa, por cuanto estos funcionarios le cuestionaron el por qué ella se había dirigido a los miembros de la oposición interna que firmaron el documento dirigido a la Junta Nacional de Bufetes Colectivos, e incluso le preguntaron por qué ella no lo había firmado. También le dijeron que había muchas instancias a las que recurrir antes de haberse dirigido a estas personas.

Ella mantuvo que efectivamente había contactado y pedido ayuda a la disidencia y que antes de eso se había dirigido a varias instancias gubernamentales que no le hicieron caso.

Le preguntaron si tenía algo en contra de la abogada que sustituyó en el juicio a la que ella contrató. La forma de la pregunta obligaba a la respuesta de “no”, porque para Yurleany no es problema personal, sino un problema técnico, que le costó tres años de privación de libertad, subsidiados por privación de libertad sin internamiento. Pero la abogada Lourdes Azúa que actuó como reemplazante en el juicio, en ningún momento se entrevistó con ella antes de la vista en el Tribunal, se limitó a leer un poco los documentos; lo que indica la falta de profesionalidad en su actuar para con Yurleany.

La funcionaria que estaba escribiendo el Acta de la entrevista le preguntó si quería una copia y después de que Yurleany la firmara le dijo que no le iba a dársela, ya que ella estaba en Internet y no iba a permitir que se la entregara a los miembros del grupo de disidentes para que la publicaran en el mismo lugar.

Como conclusiones le dijeron que llamarían a su mamá por teléfono para darle la explicación de la sanción administrativa que le pondrían a Vivian Canellada Fernández.

Para cualquiera que analice este caso queda claro que esta abogada cometió dos delitos, primero Estafa, por haber cobrado más de la tarifa indicada (además de haberlo hecho fuera del sitio indicado que es el bufete) y también un delito de falsificación de documento porque elaboró un contrato con fecha de 5 de mayo de 2011, cuando aún según Yurleany no se había reunido el dinero para llevárselo y firmó por la mamá de Yurleany, lo que indica que falseó la firma.

Si los ejecutivos de la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, siendo abogados, ignoran estos dos delitos y le dan sencillamente una sanción administrativa a Vivian, como le informaron a Yurleany, estarán cometiendo a su vez un delito de prevaricación.

Sin embargo la abogada Lourdes Azúa, que faltó a la ética durante el proceso del juicio, no se comunicó que iban a sancionarla.

La Habana, 24 de mayo de 2011.



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