2/10/2011

CUESTIONES LEGALES




René Gómez Manzano

Abogado y periodista independiente


Durante la semana pasada, se han conocido en Cuba varias noticias que poseen diversas implicaciones jurídicas. Entre ellas se encuentran la excarcelación de un nuevo miembro del Grupo de los 75, la solicitud de veinte años de prisión para el contratista norteamericano Alan Gross y la imposición de sanciones a los encartados en el asunto del exterminio masivo de pacientes en el Hospital Psiquiátrico Nacional de Mazorra.

La salida a la calle de Guido Sigler Amaya, vástago de la combativa familia matancera, ha producido justificada alegría entre los luchadores pro democracia de la Isla. Aunque su liberación —al igual que ha sucedido en otros casos anteriores— ha tenido lugar después de casi ocho años de injusto encierro y en virtud de una licencia extrapenal que puede ser revocada en cualquier momento, el hecho en sí de que haya salido de la cárcel es positivo, a no dudarlo.

Al respecto sólo podemos consignar una vez más nuestro asombro por que aún queden diez valerosos presos de conciencia a los que el régimen castrista se niega a excarcelar, debido a que, pese a las fuertes presiones que se han ejercido sobre ellos para que marchen al exilio, se niegan a hacerlo.

El pasado sábado, mi esposa Ana Margarita Perdigón y yo viajamos al poblado de Pedro Betancourt, donde tuvimos el honor y la gran satisfacción de abrazar personalmente a Guido, a los otros miembros de su aguerrida familia y a numerosos hermanos matanceros que se congregaron en la porción de la vivienda que funge como sede del Movimiento Cubano Opción Alternativa.

Causa dolor que doña Gloria Amaya, la madre ejemplar, haya muerto cuando varios de sus hijos se encontraban aún encarcelados.

En el caso del estadounidense preso, despierta nuestro asombro el castigo feroz solicitado para él por la Fiscalía. Le interesan veinte años de privación de libertad, cuando —nunca se repetirá demasiado— lo único que hizo fue repartir algunas computadoras y teléfonos satelitales entre correligionarios suyos de la Isla.

Confieso que, al conocer la noticia, sólo se me ocurrió comentar: ¿Qué sanción le pedirían si hubiese distribuido ametralladoras y paquetes de explosivos! Se confirma así lo consignado hace un par de meses en el documento Cuba es lo primero: “Decididamente, dentro del gobierno de La Habana hay grandes fuerzas que hacen todo lo posible por impedir una distensión con el estadounidense”.

En cuanto a las sanciones impuestas a los ciudadanos catalogados como responsables de la muerte de docenas de enfermos mentales en Mazorra, debo mencionar ante todo la opinión imperante entre nuestros compatriotas, que rechazan esas penas como excesivamente benévolas.

Aquí cabe hacer un comentario general, y es que, en este tema de los castigos, hay que reconocer su carácter relativo: Cuando se quemaba vivos a los reos, el ahorcamiento era catalogado como un acto piadoso; donde subsiste la pena de muerte, la cadena perpetua parece compasiva. Y cuando por sacrificar una res se imponen veinte y más años de prisión, las sanciones escogidas para los implicados en el caso Mazorra resultan francamente ridículas, y no pueden ser comprendidas por nuestro pueblo. De ahí su inconformidad y su crítica.

La Habana, 7 de febrero de 2011.

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